0 0
Read Time:10 Minute, 31 Second

Editado por Pía Noblecilla

No seas ciudadano, sé consumidor.

No protestes, cambia de canal.

No reclames, vota.

Esas falsas dicotomías que se lanzan alegremente como consejos sabios son, en verdad, pequeños átomos de conformismo.

Marco Avilés

 A estas alturas es muy poco probable que exista un solo peruano en el mundo que no sepa sobre la tempestuosa, trágica y decisiva semana que inició el 9 de noviembre. Millones de peruanas y peruanos salieron a las calles para protestar contra lo que ellos y ellas consideraban había sido una clara alteración de la democracia y contra una clase política que sentían ya no los y las representaba (si quieren saber un poco más sobre el desarrollo y cómo fue que se llegó a estos acontecimientos los invito a revisar el último artículo de Cesar Yupari miembro de esta misma organización). Como todo en la vida, siempre hay dos caras en la misma moneda; esta movilización ciudadana no fue ajena a posturas contrarias y, naturalmente, tienen todo el derecho de ser expresadas. No obstante, encontré que algunos de estos comentarios opuestos a las movilizaciones, que circulaban en las redes sociales, se cimentaban sobre algunas ideas incompletas (por así decirlo) respecto a la democracia. Mi intención en este apartado es compartir sobre tres puntos, los cuales considero enormemente importantes para entender lo que se ha peleado en las calles o, por lo menos, para evitar que ese entendimiento incompleto sea utilizado para desmerecer la acción ciudadana.

Primero, la importancia de la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. En cualquier medio de comunicación, uno podía ver a distintas personas discutiendo sobre si el gobierno de Manuel Merino era constitucional (legal) o si no lo era; asimismo, también se discutía sobre su legitimidad. Más allá de decirles si era uno u otro, mi intención es ayudar a que entiendan que legalidad no es sinónimo de legitimidad y por qué esto es tan importante, ya que sin saber este punto tan esencial no es factible desmerecer tajantemente las marchas ciudadanas y utilizar a diestra y siniestra #Laviolencianomepresenta.

Los ejemplos suelen ser la forma más fácil para ilustrar algo. Para explicar la diferencia entre legalidad y legitimidad mis profesores solían mencionar el ejemplo de Martin Luther King Jr. Recordemos que él impulsó la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. La movilización que él fomentaba era ilegal, porque existían leyes que validaban la segregación racial en ese país, pero era legítima pues se ajustaba a los valores y creencias que dominaban en la mayoría de la sociedad. Con este ejemplo más o menos podemos ir viendo que ambos términos no necesariamente son equivalentes; sin embargo, no nos podemos quedar con un ejemplo y, dada la magnitud de los eventos que ha vivido nuestro país, es necesario ir más allá y tratar de entender, lo mejor posible, esta diferencia. Por un lado, tenemos la legalidad. Algo se puede calificar como legal cuando se ampara en normas estables y formalizadas, las cuales están contenidas en las leyes y en la Constitución de un Estado (Vallés, 2000). Personalmente, no me encuentro ni medianamente calificada para indicarles si la vacancia del señor Martín Vizcarra fue legal o no, eso hay que dejárselo a los constitucionalistas (aunque la decisión del Tribunal Constitucional deja mucho que desear…); no obstante, como menciona el politólogo Alberto Vergara, la legalidad de lo ocurrido sí puede ser calificada como controversial. En su artículo para The New York Times (2020), el también profesor de la Universidad del Pacífico señala que «las intenciones para mantener el privilegio, la prebenda y la impunidad de la coalición vacadora» son suficientes como para cuestionar el trasfondo legal del último proceso de vacancia. Por lo tanto, ¿hay motivos para señalar que fue legal? sí, ¿hay motivos para cuestionar esa legalidad? también, ese es un debate.  

Por otro lado, tenemos la legitimidad. El politólogo Joseph Vallés (2000) señala que la legitimidad es la capacidad que tienen los gobernantes para conseguir que su intervención en un conflicto sea aceptada no exclusivamente en su capacidad de forzar la voluntad de los demás (p.39). En palabras más simples, esto quiere decir que cualquier actor político aspira a que sus decisiones no solamente estén basadas en el poder que este tiene para imponerlas, sino también en la aceptación de los gobernados, es decir, presentar su accionar como justo y necesario. En relación con la democracia, la legitimidad de este sistema de gobierno descansa en el vínculo real entre la voluntad pública y las políticas y los representantes seleccionados que la llevan a cabo (Gaus, Landwehr y Schmalz-Bruns, 2020, p. 335). Por lo tanto, si queremos que la democracia perdure en el tiempo, el apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos es fundamental. Ahora, Vallés señala que en los sistemas liberales la legitimidad se apoya, efectivamente, en la Constitución (p.43), ¿pero esto implica que los dos conceptos son equivalentes? No. Como ya mencioné, la legalidad hace referencia a la adecuación de un medida o acción a la ley vigente, mientras que la legitimidad hace referencia a la adecuación de esta a un sistema de valores sociales, los cuales van más allá de la propia ley escrita. Por este motivo, es cierto que los ciudadanos y las ciudadanas brindan legitimidad a quien respeta la legalidad, pero también pueden no brindársela y aún con más motivo si es que esta legalidad está en discusión.

Segundo, por favor, no hay que confundirnos y pensar que o la democracia son solo elecciones o que las elecciones son la única manera defender la democracia. Philippe Schmitter y Terry Karl plantean en su obra ¿Qué es y qué no es democracia? que esta es una falacia denominada «[…] electoralismo o fe en que las elecciones canalizarán la acción política en contiendas pacíficas entre élites y otorgarán legitimidad pública a los ganadores (1995, p.176)». Asimismo, señalan que en una democracia moderna existen una variedad de procesos y canales para la expresión de intereses. En resumen, en el sistema de gobierno llamado democracia, los ciudadanos pueden juzgar a sus gobernantes tanto eligiéndolos en las urnas, como a través de otros canales establecidos. En el informe especial La Participación Ciudadana en el Perú y los Principales Mecanismos para Ejercerla (2013), que se encuentra en la página web del Congreso, se mencionan los diferentes mecanismos de participación ciudadana (y por ende de control sobre sus autoridades) que figuran en nuestra Constitución. De por sí se puede abrir un gran debate sobre la efectividad de algunos de estos mecanismos como la consulta previa o los presupuestos participativos – en el mismo documento se señala que «[…] en la toma de decisiones estos mecanismos no han sido muy utilizados o, en algunos casos, mal utilizados.» (p.10) -, pero esa no es la intención de este artículo. Se puede entender la afición de aquellos que ven a la democracia desde una perspectiva tecnocrática – reducir la democracia a una «búsqueda de la verdad», lo que «debe de ser» sin tomar en cuenta los procesos de opinión y formación de voluntad en la esfera pública (Gaus, Landwehr y Schmalz-Bruns, 2020, p. 337 y 345) -, ya que estos mecanismos están establecidos y son utilizados, pero ¿acaso era posible esperar que un «gobierno» de cuestionable procedencia y con dudosas intenciones permitiera a la ciudadanía emplear dichos mecanismos de control en cinco meses? Especialmente cuando desde el comienzo demostró tendencias de represión. Disculpen si los incomodo, pero no vivimos en Disneyland y nuestra realidad durante esa semana era que la reacción de la ciudadanía no iba a poder ser canalizada por esos canales; por ese motivo, la ciudadanía optó por otro medio: la protesta social, lo cual me lleva al tercer punto.

Tercero, la criminalización de la protesta social. Desde hace muchos años, las protestas sociales en el Perú son criminalizadas tanto por el Estado como por una parte de la ciudadanía (Palao, 2019, p. 31), y las movilizaciones sociales de este pasado noviembre no fueron la excepción. A los participantes se les acusó de ser víctimas de adoctrinamiento, de no ser verdaderamente libres y ceder ante los intereses de partidos políticos como el Partido Morado o los de izquierda. Esta clase de pensamiento no toma en cuenta dos cosas. Primero, la cantidad de personas que participó de estas movilizaciones. De acuerdo con el informe de la encuestadora Ipsos Perú, 86% de los encuestados apoyó la marcha y un 73% participó en ella, ¿es realmente posible «adoctrinar» a tantas personas en un periodo tan corto de tiempo? Segundo, según otra encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos indica que un 65% peruanos siente que ningún partido lo representa y un 60% tampoco se siente representado por un político en particular. Entonces me pregunto ¿cómo se puede acusar a los participantes de estas protestas de no haber sido «libres» y de haber caído en las garras del adoctrinamiento político cuando estos mismos no se sienten representados y tampoco confían en ningún partido político? Es un poquito contradictoria la vaina. Por otro lado, también se les califica de poco demócratas por no saber canalizar su indignación en las urnas. Como ya mencioné anteriormente, el carácter democrático de un sistema político no solo se define por un procedimiento electoral cada cinco años; además, en el contexto que vivíamos otras vías para el control y participación ciudadano no eran viables, pues el nuevo gobierno demostró desde su llegada al poder un tinte autoritario – si no me creen el periodista Gustavo Gorriti de IDL reporteros asegura que en las últimas horas del gobierno de Manuel Merino se intentó sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para controlar las protestas y plantear un toque de queda de 24 horas durante varios días (Perú21, 2020). 

La democracia se configura como un proceso continuo de interacción entre el Estado y los ciudadanos y las ciudadanas, si este diálogo se ve interrumpido por la incapacidad del gobierno y la inoperancia de las vías institucionales (Palao 2020, p. 31 y p. 38), la ciudanía puede – además de que es un derecho constitucional – recurrir a las calles para reclamar. Considero importante mencionar la facilidad con la que algunas personas vinculan las movilizaciones con el terrorismo. Esta ligereza al usar el término «terruco» no solo es una falta de respeto para todas las víctimas de los terribles años del Conflicto Armado Interno, sino que demuestra la poca capacidad que tienen estas personas para conectar con la realidad. Me gustaría concluir este artículo recordándoles dos últimas cosas: primero, la ciudadanía siempre se debe de mantener vigilante y parte de ello es informarse correctamente antes de ejercer el voto; segundo, ninguna vida se debió ni se debe sacrificar para que políticos corruptos y egoístas sean sacados del poder, como esto no pasó es nuestra obligación no olvidar a Inti Sotelo y Bryan Pintado cuyas vidas se apagaron defiendo lo que creían era lo mejor para su patria.

Referencias

Instituto de Estudios Peruanos. (2020, noviembre). IEP Informe de Opinión – Noviembre 2020. https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2020/11/Informe-Especial-IEP-OP-Noviembre-2020-v2.pdf

Ipsos Perú. (2020, noviembre). La Crisis Política en el Perú. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-11/la_crisis_politica_noviembre_2020.pdf

Gaus, D., Landwehr, C., & Schmalz‐Bruns, R. (2020). Defending democracy against technocracy and populism: Deliberative democracy’s strengths and challenges. Constellations, 27(3), 335-347. https://doi.org/10.1111/1467-8675.12529

Palao, G. (2019). Protesta social como herramienta GONZALO ALONSO PALAO1 de democratización en el Perú. Revista Argumentos, 1, 31-40. https://argumentos-historico.iep.org.pe/wp-content/uploads/2019/05/Palao-G.-2019-Protesta-social-como-herramienta-de-democratizaci%C3%B3n.pdf

Perú21. (2020, 20 noviembre). Gorriti: Gobierno de Merino pensó en sacar a las FF.AA. y arrestar a quienes convocaban marchas. Perú21. https://peru21.pe/politica/manuel-merino-su-gobierno-penso-sacar-a-las-fuerzas-armadas-a-las-calles-y-arrestar-a-quienes-convocaban-marchas-revela-gustavo-gorriti-nndc-noticia/?tmp_ad=30seg

Schmitter, P., & Karl, T. (1995). ¿Qué es y qué no es democracia? En R. Grompone (Ed.), Instituciones Políticas y Sociedad (pp. 172-186). IEP.

Valdiviezo, M. (2013). La Participación Ciudadana en el Perú y los Principales Mecanismos para Ejercerla. http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/10CB865461FC9E2605257CEB00026E67/$FILE/revges_1736.pdf

Vallés, J. (2000). ¿Qué es poder político? En Ciencia Política: Una Introducción (pp. 31-43). Ariel.

Vergara, A. (2020, 12 noviembre). La democracia peruana agoniza. The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2020/11/12/espanol/opinion/peru-vizcarra-vacancia.html

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Alexandra Brun
alebrun1999@gmail.com
Entrada anterior Adiós, vaquero
Entrada siguiente Las posibles guerras post-pandemia y la necesidad de una estabilidad en el gasto militar, aún en tiempos de crisis.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *