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Editado por Flavio Abanto

Probablemente, desde hace poco tiempo, la mayoría de ustedes ha comenzado a ver publicaciones en redes sociales sobre niños, niñas, adolescentes y personas en general desaparecidas. Estas publicaciones son parte del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas que el gobierno peruano implementó el 15 de octubre pasado. Muchos podrán saludar y aplaudir esta implementación y, en efecto, considero que es válido y oportuno realizarlo. Sin embargo, no hay que perder de vista que este no es ningún acontecimiento inédito; por el contrario, se trata de una obligación y una deuda que tiene el Estado con todas las familias de los desaparecidos. ¿Por qué recién en el 2020 tenemos un sistema como este?

En primer lugar, es importante dejar en claro la diferencia entre las desapariciones involuntarias y las forzadas. El primer tipo hace referencia a aquellas en las cuales se tiene como móvil detrás de la desaparición crímenes como el secuestro, homicidio, feminicidio, trata de personas, etc. Por otro lado, las desapariciones forzadas se refieren al arresto, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por obra de agentes del Estado (Sferraza 2019). En este artículo nos enfocaremos en el caso de las desapariciones involuntarias; no obstante, es primordial que no olvidemos la deuda que tiene nuestro país con el gran número de desapariciones forzadas que ocurrieron durante el Conflicto Armado Interno, una herida abierta que todavía palpita para muchas familias.

Después de dejar en claro esa distinción, es preciso comentar de qué se trata este sistema cuya finalidad es garantizar la adecuada atención de denuncias y acciones de difusión, búsqueda e investigación de personas desaparecidas. El Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una plataforma tecnológica integral compuesta por cuatro elementos: el portal www.desaparecidosenperu.policia.gob.pe, que ofrece información y simplifica la búsqueda y ubicación de personas denunciadas como desaparecidas; el Sistema Informático de Activación de Alertas de Emergencia, que posibilita la difusión temprana de las alertas a través de diversos canales; la Línea 114, para orientar a aquellos que quieran denunciar una desaparición y para recolectar información sobre la persona buscada; y finalmente, el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Canal N, 2020). Considero importante detenernos en este último elemento. Evidentemente, para que se pueda realizar una adecuada investigación y seguimiento de los casos, se debe tener un registro de todas aquellas personas denunciadas como desaparecidas, ¿verdad? Puede resultar un poco redundante para algunos, pero es preciso recalcarlo. Naturalmente, el Estado era consciente de este hecho y en el año 2003 – sí, hace 17 años – dictaminó la Ley N°28022, que ordenó la creación de un registro nacional (El Comercio 2020). Lamentablemente, este registro – herramienta clave para la búsqueda de personas – recién comenzará a emplearse con este nuevo sistema, 17 años más tarde.

La situación de las personas desaparecidas en el país es inquietante. De acuerdo con la información publicada en la página de la Policía Nacional, en el año 2019 hubo un total de 2326 desapariciones, de las cuales el 61.57% fueron de género femenino y el 38.43% fueron de género masculino. Tal vez el dato que impacte de mayor manera es el hecho de que el 60% de esos casos está conformado por niños y niñas de entre 0 y 17 años. Espero que no haya personas a las que les parezca que este es un «número» muy bajo para indignarse, o que se trata de solo una “cifra”. Pienso que es insensible considerar a niños y niñas desaparecidos como un simple “número”. Sin importar la magnitud, se trata de vidas humanas que corren peligro. Si es que nuestro país hubiese contado con un registro unificado, posiblemente sus vidas no hubieran estado expuestas al tiempo que demoraba coordinar su búsqueda. Además, no sabemos exactamente por qué se los llevan: es un fenómeno tan complejo y, en el caso de nuestro país, tan poco analizado, que no tenemos bases para establecer patrones. Precisamente por ese motivo, es fundamental el registro nacional para iniciar un análisis sobre las causas, contextos de desaparición y, si es posible, características comunes de las personas desaparecidas y las tendencias de los perpetradores.

Sin embargo, la implementación del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas no es suficiente. El Estado debe trabajar activamente en otro aspecto que obstaculiza los posibles buenos resultados de este sistema: la mala atención frente a las denuncias y las investigaciones tardías o deficientes. La socióloga y fundadora de «Mujeres Desaparecidas Perú», Katherine Soto Torres, en una entrevista para RPP Noticias (2020), indicó que una de las razones por las que los familiares prefieren difundir sus casos en redes sociales es que se sienten abandonados por las autoridades. A las investigaciones tardías o deficientes, que muchas veces se presentan en el caso de niños y niñas – como en el terrible caso de Jimenita – hay que agregarle el hecho de que, cuando se trata de desapariciones de mujeres adultas y adolescentes, muchas de las denuncias son desestimadas y se les resta importancia (Defensoría del Pueblo, 2020). Por ejemplo, Oriana, de 23 años, busca a su madre por sus propios medios, puesto que, tras su desaparición, solo recibió apoyo de un jefe de la policía local; ningún otro oficial siguió investigando – al menos activamente – la desaparición de su madre (BBC, 2020). Y es que, le pese a quien le pese, es una realidad que las personas del género femenino se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad. ¿Esto significa que se les deba dar algún tipo de «prioridad”? No necesariamente, pero sí implica aplicar un enfoque de género en los procedimientos de las instituciones implicadas para que excusas como «se fue con el novio» o «de seguro pasa por una situación emocional y por eso se fue de casa» (Defensoría del Pueblo, 2020) dejen de ser justificación para no investigar correcta y oportunamente una desaparición.

Muy sinceramente, espero que ningún lector tenga que hacer uso los siguientes tres puntos a tener en cuenta en el caso de querer denunciar una desaparición, pero me gustaría finalizar este artículo comentándolos: no tienes que esperar ni 24 ni 48 horas, tampoco es necesario ser un familiar para denunciar (basta con ser un allegado) y es mejor realizar una denuncia en la comisaría más cercana al domicilio de la persona desaparecida (Capital Humano y Social Alternativo, s.f.). Si podemos, compartamos las alertas que encontramos en redes sociales, ya que el tiempo es oro en el caso de las desapariciones y podríamos estar ayudando a que alguien regrese a casa. En definitiva, el Estado peruano ha dado un paso positivo para mejorar el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Era algo justo y necesario; no obstante, no nos debemos quedar ahí: todavía hay mucho más que se debe hacer tanto para mejorar el sistema de búsqueda como para prevenir las desapariciones.

REFERENCIAS

Bazo, A. (2020, 27 agosto). Personas desaparecidas: El Registro Nacional y el portal público se basarán en casos a partir de 2018. RPP. https://rpp.pe/politica/estado/personas-desaparecidas-el-registro-nacional-y-el-portal-publico-se-basaran-en-casos-a-partir-de-2018-noticia-1288666?ref=rpp

Capital Humano y Social Alternativo. (s.f.). Personas Desaparecidas. Recuperado el 20 de octubre de 2020, de https://chsalternativo.org/personas-desaparecidas/

Defensoría del Pueblo. (2020, marzo). ¿Qué pasó con ellas durante el aislamiento obligatorio? https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Qu%C3%A9-pas%C3%B3-con-ellas-Marzo.pdf

Lima, L. (2020, 26 agosto). La «epidemia silente» de la desaparición de mujeres en Perú (y cómo ha impactado el coronavirus). BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53761324

Policía Nacional del Perú. (s.f.). Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas. Desaparecidos en Perú. Recuperado 20 de octubre de 2020, de https://desaparecidosenperu.policia.gob.pe/Desaparecidos/reniped

Sferrazza, P. (2019, abril). La definición de la desaparición forzada en el derecho internacional. Ius et Praxis. 25(1), 131-194. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122019000100131

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Alexandra Brun
alebrun1999@gmail.com
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