EL DESAFÍO DEL ACCESO A LA JUSTICIA

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Editado por Pía Noblecilla.

A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos humanos, en sus artículos 8 y 10 desarrolla el acceso a la justicia como uno de los derechos fundamentales y asimismo, en nuestra Constitución Política, el acceso a la justicia aparece configurado como el derecho a la tutela jurisdiccional (artículo 139, inciso 3), en el Perú existe un serio problema respecto al acceso a la justicia, pues no es suficiente reconocer que todos los ciudadanos son iguales ante la justicia, si en la realidad eso no se cumple. Por ello, sigue siendo un desafío eliminar aquellos impedimentos reales que un sector de la población tiene para acceder a la justicia y ejercer sus derechos, desafío que en la actual situación de pandemia se ha incrementado. Este problema se visibiliza en los pueblos indígenas y comunidades nativas, los cuales conforman los sectores más pobres de nuestro país.

En ese sentido, es importante recordar que los pueblos indígenas y comunidades nativas han enfrentado una historia de discriminación y exclusión que lamentablemente se mantiene hasta ahora. Pues, son un grupo vulnerable que enfrenta una serie de situaciones que colocan en entredicho sus derechos y además soportan la arbitrariedad de algunas autoridades, por lo que se encuentran en una posición de desventaja frente al resto de peruanos. La concentración de poderes en la capital peruana jugó un papel importante en el proceso de centralización absoluta, ampliando aún más las divergencias económicas, sociales y culturales existentes. En este contexto, la administración de justicia estatal, como el resto de las instituciones públicas, quedó restringida a la población urbana. Por lo que ahora vemos el impedimento de acceso a justicia como una consecuencia, pues es sumamente difícil que la población de los pueblos indígenas y comunidades nativas acudan al Poder Judicial. Pues, estos enfrentan además de las dificultades generales de acceso, las que se derivan de su marginalidad económica, política y social; las provenientes de la falta de adecuación de los sistemas legales y jurisdiccionales a sus características lingüísticas y culturales.

Estas barreras que impiden a los pueblos indígenas y comunidades nativas un acceso adecuado a la justicia subsisten ya sea por decisiones estatales o por un completo desinterés por parte del estado. En ese sentido, es importante explicar alguna de estas barreras. En primer lugar, encontramos que el idioma es un problema para el acceso a la justicia, pues la decisión del estado de asumir solo el castellano como lengua oficial ha dejado que las 47 lenguas indígenas y originarias no tengan un reconocimiento en nuestro sistema de justicia. Lo paradójico aquí es que la Constitución peruana proclama el derecho de todo ciudadano a expresarse en su idioma; sin embargo, la administración de justicia se hace en castellano. Asimismo, lo incoherente es que los pueblos indígenas y comunidades nativas deben cumplir las normas; sin embargo, estas no se encuentran traducidas en su idioma, ni siquiera las normas regionales o municipales donde existen estos pueblos y comunidades han sido traducidas. Por lo que estas personas no conocen las leyes y se encuentran en desventaja respecto de ello. Este es uno de los grandes motivos por lo que los pobladores se resignan o simplemente 

desconocen las normas para exigir que respeten sus derechos. Muchos no acuden a poner denuncias porque simplemente no los entenderían. Asimismo, en caso lleguen a denunciar se encontrarán en un proceso que se lleva a cabo en un idioma que no comprenden. Además, si aún lograran denunciar y hablaran español, estarían en desventaja ya que no tendrán las herramientas para poder defenderse de la manera más justa contra otras personas que en el peor de los casos serían personas/entidades con un alto poder adquisitivo que cuenta y puede adquirir mucho más herramientas.

La geografía también se presenta como una barrera para estas personas, pues el Perú al ser un país extenso en donde los pueblos indígenas y comunidades nativas se encuentran en lugares alejados, separados por grandes distancias y por accidentes geográficos muy difíciles de enfrentar. Por lo que para estas personas acudir al poder judicial e inclusive a una comisaría implica un viaje de varias horas y sobre todo implica costos muy elevados que esta población que se encuentra en la pobreza no puede asumir. Por esta razón, la mayoría de los pobladores no pueden darse el lujo de ir en busca de justicia. A esto debemos agregar los gastos adicionales que el proceso generaría. 

Asimismo, es importante mencionar la barrera cultural que los pueblos indígenas y comunidades nativas enfrentan, pues en nuestro país a pesar de ser un país multicultural, es frecuente que las decisiones judiciales sean tomadas desde la perspectiva de una sola cultura, siendo para estos pobladores decisiones incomprensibles o inclusive contrarias a sus valores. 

Finalmente, otras dificultades que se presentan es el de la discriminación y la naturalización de estas que permite que la pobreza de la población indígena no sea atribuida a una situación de injusticia, sino que parece una condición propia de dicho sector lo que hace que los pobladores de pueblos y comunidades indígenas lo interioricen y terminen compartiendo los mencionados prejuicios hacia ellos mismos. Esto ocasiona que muchas veces callen y no exijan el cumplimiento de sus derechos.

Como hemos podido observar, las barreras para el acceso a la justicia son singularmente extremas para los pueblos indígenas y comunidades nativas. Pues, se encuentra imposibilitada de acudir a tribunales e inclusive a la Policía Nacional, y, a su vez, estas entidades tampoco tienen mecanismos para acercarse a dicha población. Y si bien existen sistemas de justicia comunal estos presentan defectos en el sentido que muchas veces la justicia comunal comete excesos transgrediendo derechos fundamentales sin respetar las garantías de un debido proceso. Finalmente, es importante resaltar que la pandemia de la COVID-19 plantea arduos desafíos para el sistema de Justicia. Por lo que la pasividad de un poder del Estado nunca puede ser la respuesta para una crisis. Por el contrario, se debe afianzar la justicia y promover el bienestar general; eso es lo que nos exige la Constitución. Por lo tanto, el gobierno actual no debe pasar por alto este problema que aqueja a los pueblos indígenas y comunidades nativas hace muchos años, y debería asegurar que en estos momentos excepcionales no exacerben o justifiquen la impunidad por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades nativas.

BIBLIOGRAFÍA

Chávez, E., & Zuta , E. (2015). El acceso a la justicia de los sectores pobres a propósito de los consultorios jurídicos gratuitos PUCP y la recoleta de PROSODE. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/5925/CHAVEZ_ELIZABETH_ZUTA_ERIKA_ACCESO_PROSODE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Guadalupe, K. (2016). Las comunidades indígenas en el Perú y su derecho a la administración de justicia propia. https://core.ac.uk/download/pdf/53303167.pdf

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2006). Acceso a la justicia de los pueblos indígenas. https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2014/acceso-a-la-justicia-completo-2006.pdf

Jürgen, H. (2017). La justicia comunitaria y la lucha por una ley de coordinación de la justicia. http://www.scielo.org.pe/pdf/derecho/n78/a09n78.pdf

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