Voces en silencio

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Escrito por Heidi Camus

En el Perú contamos con 55 pueblos indígenas, para ser más precisos 51 amazónicos y 4 andinos, entre los cuales se encuentra la comunidad Aymara. Hace 10 años, aproximadamente, se llevó a cabo el caso Poma Poma, el cual consiste en una de las más grandes acciones vulneradoras de derechos iniciadas por el Estado contra este pueblo indígena. A pesar de no ser un caso muy conocido, me causó bastante intriga, puesto que no se tomaron las medidas diligentes para la correcta formulación y ejecución de la iniciativa estatal.

Para sintetizar, el caso estriba en la ejecución de un proyecto estatal, en el que no se había realizado la consulta previa ni los estudios medioambientales preliminares, además requería de la desviación del río Uchusuma para la construcción de 12 pozos de agua que alimentarían a la ciudad de Tacna. Los resultados de dicha acción fueron: la degradación del territorio aymara, la desecación de los pastizales que servían como fuente de subsistencia para las actividades económicas del pueblo y la carencia de agua para la supervivencia de las mismas personas. En consecuencia, se transgredieron varios derechos de los Aymaras, entre los cuales se encuentran: el derecho a la identidad cultural, a la propiedad comunal, a la existencia digna y a la consulta previa.

Estas acciones del Estado, como se puede apreciar, afectaron gravemente a la comunidad indígena, ya que para los Aymara el territorio es fundamental para la conservación de su identidad cultural. Allí, desde hace milenios, desarrollaron diversas tradiciones tales como la crianza de camélidos, la lengua aymara, entre otras. Por lo que, se puede afirmar que crecieron como un pueblo unido y pacífico. Por ello, el hecho que el Estado les haya privado del acceso al agua, no solo les perjudicó en cuanto a la satisfacción de sus necesidades humanas, sino también les impidió continuar con la práctica de las costumbres que los identificaban como comunidad indígena. Por ejemplo, miles de cabezas de ganado se perdieron, lo cual les arrebató su principal actividad económica en la zona y fuente de subsistencia.

En mi opinión, el mencionado episodio no se habría efectuado si es que desde un comienzo el Estado procedía, de acuerdo al derecho de las comunidades indígenas, a la consulta previa. Este derecho previene secuelas, como las acontecidas en el caso Poma Poma, dado que insta al Estado a consultarle a la población si es que le parece una medida factible de ejecutar en el territorio o si es que deberían admitir sugerencias al respecto. A fin de que, se modele un convenio entre el Estado y la comunidad indígena que no sea lesivo, irrazonable, ni arbitrario y que les permita a los pobladores vivir pacíficamente,  en condiciones dignas y, a la par, mantener sus costumbres.

En otras palabras, el territorio en disputa, al ser propiedad de los pueblos indígenas, les otorga el derecho de tomar decisiones sobre lo que se va a proyectar o ejecutar allí. Debido a que este abarca el lugar donde viven y donde nació la identidad cultural de la comunidad; asimismo, los recursos naturales inmersos dentro de este territorio son parte de su propiedad, por ende, también pueden decidir sobre estos. Por ese motivo, no sería adecuado que se materialicen actividades ajenas a la voluntad de los pueblos, debido a que ellos son los “dueños legítimos” de las tierras y de todo recurso natural que se encuentre al interior de las referidas. No se les debe tratar como que no gozan de dicha calidad de propietarios con derechos, porque sí la tienen.  Sus voces deben ser escuchadas.

Finalmente, sostengo que los proyectos de desarrollo del Estado no deberían ser gravosos de los derechos de las comunidades indígenas. Quizá, nos brinden un PBI alto o una ganancia en el corto plazo. Sin embargo, hay que reflexionar acerca de qué es lo que se está sacrificando con el objetivo de obtener dicho beneficio que, en un futuro, mayoritariamente será mínimo. Se debe profundizar más en el daño, que probablemente no sea relevante para muchos en el momento, pero que puede ser crucial para nuestro mañana. En efecto, aludo a la preservación del medio ambiente, de la cultura originaria peruana y de las miles de vidas de los miembros de dichas comunidades.

“La historia es un vasto sistema de alerta temprana”. Esta frase del estadounidense Norman Cousins, nos insta a aprender de las experiencias del pasado y a no cometer los mismos desaciertos en el futuro. Por lo pronto, aún queda un largo camino por recorrer.

Referencias:

Amazon, P. (2014). Memoria , resistencia y poder pacífico transformador de pueblos indígenas de las Amazonías, 19(2), 497–525. https://doi.org/10.11144/Javeriana.PAPO19-2.mrpp

Internacional, P., & Civiles, D. D. (2009). CCPR/C/95/D/1457/2006. Naciones unidas.

Joseph, S., & Castan, M. (2013). The International Covenant on Civil and Political Rights : cases, materials, and commentary. Oxford University Press.

Salmón, E. (2010). Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Democracia y Derechos Humanos.

Zambrano, G. (2011). Sobre pueblos indígenas.

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